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Madero y Zambrano contra el PRI (El Universal)

En Congreso, nueva ley de medios y telecomunicaciones: Opinión de Gabriel Sosa (El Universal)

El Presidente vuelve a ser líder de su partido después de 12 años (Agenda Pública)

Agenda Pública, Foro TV, 19:30-20:00 horas

Condujo: Mario Campos

Participaron Ricardo Raphael y Saúl López Noriega.

RESUMEN

Cambio de dirigentes en el PRI

Hoy los medios, particularmente en la tarde, se concentraron en los nuevos directivos del PRI, con César Camacho e Ivonne Ortega, inició Campos. Raphael señaló que estaba tan cantado este relevo que no es nota de hoy. Luego dijo que después de 12 años el Presidente de la República volverá a ser la cabeza de su partido. César Camacho es un buen negociador, describió, es avezado y además es del estado de México, añadió. Esto le dará a Peña Nieto la posibilidad de tomar distancia en ciertos temas porque confía en Camacho. De Ortega, que fue una gobernadora que jugó un buen papel en Yucatán, no le queda claro el afecto y el nombramiento que Peña le ha dado. López Noriega coincidió con que no es nota que sorprenda, pero no coincide con Raphael en que los nuevos dirigentes del tricolor sean colocados unívocamente por el Presidente, porque ve que fue una elección con influencia del partido. Campos señaló que observa una elección presidencial. Raphael señaló no se sabe el nombre del presidente del Partido Demócrata en EU, porque todos aceptan que el líder es Obama. Calderón y Fox hicieron lo que pudieron por dominar a su partido, y no lo lograron.

Aprueban reorganización del gabinete

Campos dijo que en el Senado fue aprobada la reestructuración del gabinete federal, con la aceptación del PRI de que los nombramientos de jefes policiacos sean ratificados por la Cámara Alta. López Noriega advirtió que, como en la reforma educativa, es riesgoso que todas las reformas estén tocando a la Constitución. Raphael coincidió en lo arriesgado de llevar las reformas en la Constitución, aunque considera que puede ser un subterfugio del PRI. Añadió que tiene dos incomodidades. Primero, el parlamentarismo mexicano no es permanente con el Presidente, no hay un vínculo de fondo. La otra incomodidad es que el Poder Ejecutivo siga siendo unipersonal. Citó que en Francia los cambios en el gobierno se generan por una reforma administrativa; más flexible para que el Ejecutivo se organice. En lo de la ratificación de los jefes policiacos, el Senado se mete en este paso, pero no asume la vigilancia posterior. López Noriega señaló que está de acuerdo con lo que se ha comentado, y dijo que es cierto que en otras naciones el Legislativo no tiene capacidad de establecer una interlocución con el Poder Ejecutivo para decirle: “este funcionario no me gusta y aquí tienes una propuesta de sustituto”.

Reforma en favor de los profesores

La interpretación dominante con la reforma educativa propuesta por Peña Nieto es que se trata de un golpe a Elba Esther Gordillo, señaló Campos. Raphael señaló que la reforma tiene destinatarios, no sólo Gordillo, sino los profesores, que ahora no tienen control de su desempeño, porque para ascender poco importa que sean buenos para atender a su grupo de alumnos; lo que tienen que mostrar es lealtad a la camarilla sindical. La reforma lo que hace es entregarle al profesor control de su propio ascenso para que se desentienda de la grilla sindical. Este poder se le quita a la camarilla sindical. López Noriega coincidió con el análisis y añadió que se trata de cambiar la lógica de la vida magisterial. Si el PRI quiere quitar a los líderes sindicales tradicionales, ésta es la forma correcta, añadió. Campos dijo que se decía que a Gordillo la iban a cambiar por otro líder igual. López Noriega señaló que esto también refleja un riesgo, porque la educación es un tema muy complejo, porque no queda claro cómo conectar la vida de las escuelas con la Ley General de Educación. Es un riesgo, dijo. “Voy con Saúl de la mano”, expresó Raphael, porque es la ley lo que tiene que cuidarse, no el sindicato y su comunicado de 15 puntos. Propuso tres principios que deberían colocarse. Hay algunos ya, la evaluación y la carrera magisterial, pero falta el principal: la educación debe ser de calidad a partir del progreso continuo y concreto, y esto debería estar en la Constitución. Teme que esa ausencia está faltando en la reforma y en las negociaciones que vienen.

También está el mensaje político, señaló Campos. Peña, acompañado de Madero y Zambrano, no les debe gustar a muchos políticos, porque es como una apuesta de capital político por una coalición gobernante, que no es entre partidos sino con un grupo de cada partido opositor en alianza con Peña. López Noriega dijo que hay una parte entusiasta, por la reunión de políticos de varios partidos, como José Woldenberg que la elogió, pero también hay que atender a los aguafiestas que alertan, que dicen que Peña puede estar quemando rápidamente su capital político. El aguafiestas democrático debe dirigirse hacia el contenido de las reformas que se están presentando, apuntó.

En la naturaleza humana hay dos tipos de sangre, expresó Raphael: los que colaboran y los mezquinos. Hay una visión de Estado que busca evaluar los avances por sus propios méritos, pero no hay que evitar señalar lo que está faltando. Campos dijo que este sigue siendo el tema, y recordó que hubo dos desplegados en la prensa, uno de especialistas en educación que reconocen la reforma educativa, y otro de organizaciones que piden ser incluidas en el Pacto por México. Raphael dijo que ya basta con la señora Miranda de Wallace, firmante del segundo desplegado, porque estuvo incluida en el gobierno panista, fue candidata, y busca ser otra vez sociedad civil. Es un ejemplo de mezquindad, señaló. (Antes de que corten el sonido, se escucha que Raphael dijo: “Que conste que yo no la llamé rémora”)

Videos cortesía de CIAM y GA Comunicación:

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The waiting time: The Economist

Mexico’s presidential handover

The waiting game

The perils of a five-month transition

The Economist

LIFE sometimes moves slowly in Mexico, and the handover of power is no exception. Whereas Brazil passes on the presidential baton in two months and Colombia does so in seven weeks, Mexico’s president-elect must wait five months before taking office. For Enrique Peña Nieto, who won July’s presidential election as the candidate of the Institutional Revolutionary Party (PRI) and will take office on December 1st, the lengthy limbo brings risks.

One is a news vacuum. This has given undeserved coverage to Andrés Manuel López Obrador, the left-wing candidate who claimed fraud after his narrow defeat in the 2006 election and has done so again after losing by 6.6% this year. He has filed a 638-page dossier alleging cheating by the PRI. The evidence it contains is thin—and surprise, surprise, he is not challenging the election for Congress in which his party did well. But until the electoral tribunal rules on his complaint—it must do so by September 6th—the handover cannot formally begin.

Mr López Obrador has so far not tried to stage the sustained street protests that he mounted in 2006. Nor will he able to disrupt the inauguration as he did then. A new law allows the president to take the oath of office elsewhere if the Congress is besieged. But Mr Peña has had to make some concessions in the face of opposition claims that he bought favourable television coverage and that some in the PRI are beset by graft. On August 9th the PRI announced that its priority in the new Congress, which starts on September 1st, would be a bundle of rather flimsy-looking measures to fight corruption and make the government’s dealings with the media more transparent.

This will delay more pressing reforms to tax, energy, the labour market and social security, all of which are vital if Mexico is to grow at the 6% that Mr Peña has promised. His aides say there will be progress on these bigger reforms before December. But that requires help from the opposition, since the PRI failed to win a majority in either house of Congress. The party will doubtless try to reach agreement with the National Action Party (PAN) of Felipe Calderón, the outgoing president, which has a similar economic platform to its own.

But the PAN is in a state of civil war following its humiliation in the presidential election, in which it came third for the first time since 1988. Gustavo Madero, the party’s president, is fighting with Mr Calderón for control. Ernesto Cordero, a Calderón loyalist, will lead the PAN in the Senate, whereas in the lower house that role will go to Luis Alberto Villarreal, who is closer to Mr Madero.

Some PRI strategists think the PAN will be more helpful if Mr Calderón’s faction prevails. The outgoing president has reasons to be on good terms with the new one: his war on organised crime has left him with a price on his head and in need of protection when he leaves office. Formerly allergic to the PRI, he now says he will co-operate with them to pass reforms. By contrast Mr Villarreal says he will not give “blank cheques” to anyone in Congress.

Political reform could be the price of the PAN’s co-operation on economic matters. Innovations such as consecutive re-election of congressmen and mayors, or a run-off in presidential elections, are not to Mr Peña’s taste, but they would be good for Mexico’s democracy. So would a shorter transition period.

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