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Por Leo Zuckermann, publicado en Excélsior

Una barbaridad para todos aquellos que creemos que la libertad de expresión es una de las condiciones más importantes de la democracia.

Poco a poco, en casos de bajo perfil, está ocurriendo lo que en su momento alertamos los críticos de la reforma electoral de 2007: la censura en los medios de comunicación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya se adjudicó la facultad de evaluar y sancionar los contenidos en entrevistas que aparecen en noticieros de la radio y televisión. Por lo pronto lo ha hecho en lugares con poca resonancia nacional, pero que ya generaron los precedentes judiciales que pueden ser utilizados en el futuro en medios de mayor envergadura. Una barbaridad para todos aquellos que creemos que la libertad de expresión es una de las condiciones más importantes de la democracia.

Caso uno: cuidado con lo que digan los entrevistados

Lo que expresen los entrevistados en un programa de radio o televisión puede ser considerado como propaganda electoral, luego entonces la entrevista tiene que evitar expresiones “que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas” como lo marca la Constitución. Y en caso de que aparezca alguna de estas expresiones, la autoridad electoral puede sancionar a los que las hayan dicho y al concesionario de la estación de radio y televisión.

No es algo teórico. Ya ocurrió. El 22 de septiembre de 2009, Laureano Naranjo, entonces candidato del PRD a regidor de Villahermosa, y Eugenio Solís, dirigente del mismo partido en Jalapa, ambos municipios en Tabasco, asistieron al programa Tabasco hoy Radio. Naranjo calificó a los priistas como “mapaches”. Solís tildó de “mañoso, corrupto y mentiroso” a Víctor Manuel Domínguez, candidato del PRI a la alcaldía de Jalapa.

Las autoridades electorales de Tabasco se inconformaron. El asunto llegó hasta a la última instancia en materia electoral que es el TEPJF quien efectivamente consideró que las expresiones utilizadas en la entrevista no “resultan adecuadas para fomentar un debate político respetuoso, pacífico e informado de la situación actual o pasada del país”.

El TEPJF juzgó los calificativos de los perredistas como denigrantes y calumniosos, lo cual está prohibido por la Constitución. Pero ésta claramente dice que esto aplica para la “propaganda política o electoral que difundan los partidos”, de ninguna forma para las entrevistas que realizan los políticos en los medios. No obstante, el Tribunal resolvió que sí aplica para los contenidos en programas noticiosos. Una barbaridad. Por tanto, obligó al IFE a sancionar a los responsables. Jaime Sierra, concesionario del canal de televisión, fue multado con 27 mil pesos, Solís con 13 mil, el PRD con 54 mil y Naranjo con una amonestación pública.

Pésimo precedente: ahora resulta que el TEPJF puede calificar los contenidos de una entrevista y, si le disgustan, los sanciona.

Caso dos: esta entrevista es comprada

Pero el TEPJF también puede determinar que la entrevista de un político es comprada y, por tanto, debe considerarse como propaganda electoral que está prohibida y sancionarse.

Otra vez no es algo teórico. Ya ocurrió. El 26 mayo de 2009, Miguel Ángel Jiménez acudió al noticiero Nuestra Región Hoy por la Tarde de la estación Oye 99.9 para anunciar que buscaría ser el próximo alcalde de Emiliano Zapata, Tabasco. A la postre se convirtió en el candidato del PAN. Entre esa fecha y el 3 de agosto, la emisora lo entrevistó en nueve ocasiones. El candidato obviamente promovió su candidatura.

El PRI y el PVEM presentaron una denuncia en contra de Jiménez, quien efectivamente ganó la alcaldía de Zapata. Lo acusaron de actos anticipados de precampaña y campaña con la promoción en entrevistas que, según ellos, debía considerarse como “propaganda política”. El caso llegó al TEPJF quien decidió que, como Jiménez manifestó su intención de ser aspirante a un cargo de elección popular en forma reiterada, efectivamente realizó “propaganda electoral”. Además que, como el denunciado acudió con frecuencia a la estación de radio, trató de influir en la ciudadanía que pretendía gobernar y que las entrevistas fueron una serie de actos concatenados reiterados con la finalidad de posicionarlo. Por tanto, violó la ley. El TEPJF instruyó al IFE a sancionar a los responsables. A Jiménez le impusieron una multa de 15 mil pesos; a José Gerardo Gaudiano, concesionario de la estación de radio, otra multa por la misma cantidad y al PAN una amonestación pública.

Lo preocupante son los argumentos esgrimidos por el TEPJF. Para los magistrados, no existe impedimento para que un candidato asista a entrevistas en los medios. Muchas gracias. Sin embargo, las entrevistas, a diferencia de los spots de radio y televisión, deben concretarse a un número limitado de transmisiones y en un contexto específico que no la haga perder su calidad de labor periodística. ¿Y quién es el que evalúa y juzga si una entrevista “adquiere matices promocionales”? Efectivamente: el TEPJF, nuevo censor de lo que se puede considerar como un ejercicio de “periodismo legítimo” y no de “propaganda electoral”.

No soy ingenuo. Sé que hay muchos medios que efectivamente venden entrevistas y noticias de partidos y candidatos. Esto, como lo advertimos muchos, por desgracia se ha agudizado después de la reforma de 2007. Aquí no hay sorpresas. Lo que me preocupa es que sean siete magistrados los que juzguen qué se vale y qué no. Ya quiero verlos discutiendo el caso de entrevistas de un candidato presidencial en un medio nacional. ¿Aplicarán el precedente de Tabasco? ¿Se atreverán? Pero, más importante aún, ¿este es el modelo de libertad de expresión que queremos los mexicanos?

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